El domingo 1° de enero, Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil, y tras jurar en el Congreso nacional se trasladó a las escalinatas del acceso del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, para recibir sus atributos presidenciales.
Ante la negación del ahora expresidente Jair Bolsonaro para hacer el correspondiente traspaso, integrantes de etnias y miembros de grupos sociales le entregaron la banda al líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Tras ser investido con los atributos del mando, se tomó de las manos con su vicepresidente, Geraldo Alckmin, para levantarlas en saludo a la multitud que siguió la ceremonia desde la explanada del edificio.
El discurso de Lula
En el discurso en la Cámara de Diputados ante la Asamblea Legislativa e invitados extranjeros, entre ellos el presidente argentino, Alberto Fernández, Lula enfatizó que su prioridad en política externa será Latinoamérica, el Mercosur, la Unasur, los Brics y una relación «activa y altiva» con sus principales socios comerciales extrarregionales, como China, Estados Unidos y la Unión Europea. Además, aseguró que «el legado recibido es aterrador» debido a la destrucción de las políticas públicas y sobre todo el modelo económico aplicado con el regreso del hambre.
«Dilapidaron empresas estatales y bancos públicos; se entregó el patrimonio nacional. Los recursos del país fueron saqueados para satisfacer la estupidez de los rentistas y accionistas privados de las empresas públicas. Es sobre estas terribles ruinas que asumo el compromiso, junto con el pueblo brasileño, de reconstruir el país y hacer de nuevo un Brasil de todos y para todos», aseguró el expresidente entre 2003 y 2010.
«Tener que repetir hoy este compromiso ante el avance de la miseria y el retorno del hambre que habíamos superado es el síntoma más grave de la devastación que se impuso al país en los últimos años», afirmó y aclaró que no adoptaría un «ánimo de venganza» frente al bolsonarismo sino aplicar la ley con amplio derecho de defensa.
Lula acusó al gobierno de Bolsonaro de haber cometido un «genocidio» con el «oscurantismo y el negacionismo» aplicado en las políticas de salud para enfrentar la pandemia, que dejó casi 700.000 muertos.