La Dirección General de Aduanas denunció el alquiler de cautelares entre empresas importadoras. Una de las empresas obtuvo autorizaciones judiciales a través de medidas cautelares para importar productos sin cumplir con el requisito de validarlo a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Posteriormente, la empresa «cedió» esa autorización a otra. La medida judicial obliga al Banco Central a girarle dólares para el pago a valor oficial.
“Estamos trabajando para ver si hay otras maniobras similares de otras empresas”, indicaron desde Aduana. El organismo analiza realizar una denuncia penal por estafa procesal, donde se contempla una multa de USD 200.000. Además, adelantaron que revisarán el total de la lista de importadoras para detectar irregularidades. En los últimos dos años, se importó USD 1.800 millones por medio de cautelares. Aduana bloqueó los productos, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa.
La Aduana denunció a las importadoras Yoko S.A. entidad que solicitó la medida cautelar, no hizo uso de la misma en los términos que la obtuvo y «transfirió» la tutela jurisdiccional en beneficio de la empresa Tropea S.A. Los titulares de Yoko habrían simulado un «contrato» de autorización para comercializar Tropea sólo por un mes – en el período entre el 21 de junio y el 22 de julio de 2022 -, momento en que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko. “En términos llanos, Yoko le alquiló la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino). En definitiva, funcionó como una usina de SIMI”, revelaron.
“La Aduana debe proteger a la industria nacional y al empleo argentino, pero también debe evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado”, señalo Guillermo Michel, titular de Aduana.
+ NOTIFY: Anunciaron acuerdo de precios para los medicamentos