El gobierno danés planea modificar la Ley de Derechos de Autor para reconocer el rostro, la voz, el cuerpo y los gestos de cada ciudadano como propiedad intelectual. Esto implicarÃa que, si alguien crea o difunde un deepfake (un vÃdeo, audio o imagen digitalmente manipulado con IA que imita a una persona real) sin consentimiento, la persona afectada podrá solicitar la eliminación inmediata del contenido en internet y exigir indemnizaciones en caso de incumplimiento. La propuesta cuenta con un respaldo polÃtico mayoritario y podrÃa entrar en vigor a partir de 2026.
Este modelo legal busca trasladar al ámbito digital la protección que en el mundo fÃsico se tiene sobre la propia imagen y voz, como respuesta al aumento de la inteligencia artificial generativa, que hace accesible y rápido crear contenidos falsos de gran alcance. El proyecto contempla excepciones para contenidos humorÃsticos, parodias y sátiras, para no afectar la libertad de expresión.
Contexto y desafÃos de la regulación de deepfakes
La proliferación de deepfakes genera preocupación mundial por su capacidad para difundir noticias falsas con impacto en la reputación pública, elecciones y seguridad ciudadana. En Argentina, por ejemplo, se utilizaron para hostigar periodistas y manipular información electoral. Expertos en tecnopolÃtica y ciencias sociales destacan la dificultad de asignar responsabilidades y aplicar fallos judiciales en plataformas digitales, además de la complejidad técnica para identificar con certeza estos contenidos hiperrealistas.
La ley danesa plantea un enfoque preventivo basado en prohibir la difusión sin consentimiento a través del derecho de autor para amparar a la persona frente a su representación digital manipulada. Sin embargo, sus crÃticos apuntan a la dificultad práctica de implementar medidas contra la viralización rápida y anónima de deepfakes en redes y la lÃnea difusa entre los contenidos falsos ilÃcitos y los legÃtimos, como la parodia.
Por su parte, el ministro de Cultura destacó que, si las plataformas incumplen con la ley, Dinamarca está dispuesta a imponer sanciones económicas severas e incluso elevar el caso a la Comisión Europea para garantizar su cumplimiento.
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