En un giro en la estrategia para abordar la situación de los alimentos almacenados en dos galpones, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, propuso a las áreas de desarrollo social de todas las provincias sumarse a un plan de reparto de la mercadería. La iniciativa busca dar respuesta al escándalo desatado tras la denuncia por el presunto acopio de comida en lugar de su entrega a comedores populares.
Las provincias tendrán la responsabilidad del retiro y la distribución
Según se desprende de los documentos aportados en la causa judicial que tramita ante el juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, el Ministerio no enviará la comida a los comedores populares, sino que la distribución se canalizará a través de las «escuelas vulnerables» de las provincias que adhieran al plan.
Las provincias interesadas en participar deberán retirar la mercadería por sus propios medios desde los depósitos ubicados en la Capital Federal y la provincia de Tucumán. La cantidad de alimentos asignada a cada provincia se definirá en base al Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE).
La yerba mate apta para consumo
En relación a la yerba mate que también se encuentra almacenada, el Ministerio informó que inicialmente no se había distribuido debido a un informe técnico que indicaba que no cumplía con los estándares de sanidad. Sin embargo, tras un análisis realizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se confirmó que la mercadería es apta para consumo.
El caso judicial y las acciones tomadas
La causa judicial se inició a partir de una denuncia del dirigente social Juan Grabois contra la ministra Pettovello por el presunto delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La investigación periodística de Ari Lijalad fue clave para la detección de los alimentos almacenados.
Hasta el momento, el Ministerio ha repartido 465 toneladas de leche en polvo a través de un convenio con la Fundación CONIN y una cantidad no precisada de harina de maíz, también con la colaboración de la misma fundación.
La respuesta del Ministerio
La subsecretaria Legal del Ministerio, Leila Gianni, aseguró que no existen diferencias de objetivos entre las disposiciones del Tribunal y las decisiones tomadas por la cartera a su cargo, y que ambas buscan «contribuir a paliar las necesidades alimentarias de sectores vulnerables».