El Gobierno anunció un nuevo protocolo de orden público que endurece las sanciones para los cortes de calles. El protocolo, presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilita a las fuerzas federales a intervenir en cualquier tipo de corte, sean totales o parciales.
«La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple», subrayó Bullrich en conferencia de prensa. «Las fuerzas federales van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales».
El protocolo
Según el protocolo, las fuerzas federales podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. Si hay un delito in fragante, van a poder intervenir y serán determinados los delitos, hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo, de acuerdo al artículo 194 del código penal.
Las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales. Esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de sus competencias para tener un verdadero trabajo en común.
Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia.
Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar a los vehículos y sus conductores, se van a registrar todas las infracciones administrativas o penales existentes y se va a proceder a incautar a los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener.
Se va a trabajar también en las estaciones de tren. Aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos, caras tapadas o formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad, serán identificadas y sancionadas.
En el caso de participación de niños o adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a aquellos que los lleven.
Todos los costos de los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones o los individuos.