Entre 2004 y 2021, la mitad de las 24 jurisdicciones argentinas disminuyeron la participación de la educación en sus presupuestos, según un informe de la ONG Argentinos por la Educación.
Con una caída de 8,8 puntos porcentuales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que más recortó, seguida por Mendoza (7,3). Por el contrario, en Salta aumentó 8,1 puntos y en Neuquén 6,6.
Los datos resultan especialmente preocupantes por el contexto. Hace cuatro años, Argentina obtuvo el peor desempeño de su historia en las evaluaciones internacionales de aprendizaje de la UNESCO.
El 46% de los alumnos de tercer grado carecía de competencias básicas de comprensión lectora. Mientras tanto, el nivel medio sigue atravesando una crisis marcada por el cuestionamiento a sus contenidos y dinámicas, y la desconexión entre buena parte de los alumnos y profesores, sometidos a una precarización laboral creciente.
La Ley de Educación Nacional establece que la inversión del área no puede ser menor al seis por ciento del Producto Bruto Interno, algo que solo sucedió en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2015.
En 2021 las dos jurisdicciones que dedicaron mayor proporción de su presupuesto a la educación fueron Buenos Aires (31%) y Salta (29%). Las que menos lo hicieron, CABA (17%) y Santa Cruz (17%), según la organización donde trabajan los ex ministros nacionales Susana Decibe, Andrés Delich, Hugo Juri y Juan Llach, y que tiene apoyo de empresas como Techint, Pampa Energía y los bancos Galicia, Macro y Santander.
Ese mismo año, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, había asegurado que el presupuesto para su área era el que más había aumentado en el Gobierno de la Ciudad. El sitio Chequeado comprobó que la afirmación era falsa, ya que el rubro educativo estaba séptimo entre los gastos de gestión de Horacio Rodríguez Larreta, detrás de las partidas para el turismo, el poder legislativo y el judicial.
A nivel nacional, una mayoría abrumadora de la inversión educativa se destina a salarios de docentes y no docentes, lo que deja poco margen para la mejora de las instalaciones y, en consecuencia, las condiciones de aprendizaje de los alumnos.
Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación, le dijo a elDiarioAR que “la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento”.